Conceptos de divorcios

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Divorcio de mutuo acuerdo con elementos extranjeros: El divorcio internacional

En una disolución matrimonial pueden aparecer componentes foráneos de muchas formas.

El divorcio internacional

Parece evidente que en una sociedad donde hay un elevado y continuo movimiento interpersonal entre los distintos países, por diversas causas (laborales, ocio, familiares…) aparezcan formaciones familiares cuyos intercambios culturales han provocado la existencia de necesidades jurídicas más complejas que aquellas para las que estaba preparado el sistema legal originario. Por esta razón, nuestro ordenamiento jurídico, están en permanente proceso de reforma y actualización, en colaboración y cooperación con otras entidades legales del extranjero,  tratando de facilitar en la medida de lo posible la convivencia a todos los individuos que en realidad forman parte de la sociedad.

 

En una disolución matrimonial pueden aparecer componentes foráneos de muchas formas. En primer lugar, una situación corriente que aparece con frecuencia es aquella en la que un matrimonio que decide divorciarse está formado por un ciudadano español y un cónyuge extranjero. ¿Son competentes los tribunales españoles para tramitar este divorcio? La respuesta es sí. Los tribunales españoles se declaran competentes para conocer un divorcio en España siempre que el último domicilio común de la pareja, o el actual de alguno de los cónyuges con el consentimiento del otro, radique en un municipio español. Esta situación se acredita mediante un certificado de empadronamiento. Por lo tanto, también será competente un juzgado español aunque ambos cónyuges fueran extranjeros, siempre que uno o ambos vivan en España.

 

¿Qué sucede si dos ciudadanos españoles residen en un país extranjero y deciden divorciarse allí? En principio deberían declararse competente aquella jurisdicción extranjera para tramitar la disolución del matrimonio. Para que luego ésta tenga efecto en España habrá de realizarse otro procedimiento, conocido como “exequátur”, donde un Abogado y Procurador presentan la demanda acompañada de aquella sentencia o decreto extranjero ante los tribunales españoles para su reconocimiento, con la correspondiente traducción jurada si fuera necesario y apostilla de la Haya. Exactamente lo mismo pero en situación inversa habrá de realizarse cuando se produzca el divorcio en España y los cónyuges quieran que tenga eficacia en su país de origen.

 

Por otro lado, se puede presentar una situación con circunstancias semejantes cuando ambos cónyuges están viviendo en países diferentes y uno quiere presentar el procedimiento con el consentimiento del otro, que no puede desplazarse para llevar a cabo este trámite.  ¿Es posible autorizar el divorcio en España desde el extranjero? Se puede hacer a través de una autorización previa que consiste en un doble apoderamiento para pleitos, a favor del Abogado y Procurador,  y de ratificación, a favor del Procurador, del convenio regulador que debe ir incorporado en el propio poder, donde se manifiesta que la ratificación sea exclusivamente para ese acto.  De esta forma, se enviaría al cónyuge que reside en el extranjero el convenio regulador por cuadruplicado y se le solicitaría que firme los cuatro en todos sus folios y un ejemplar se incorpore a ese poder para pleitos y de ratificación.  Este acto se realiza en una Notaría u oficina pública equivalente del país extranjero y deberá realizarse traducción jurada y apostilla para que pueda presentarse en España.  De esta forma, el día señalado para la ratificación del divorcio en el juzgado, bastará con que comparezca el Procurador (en caso de ser el apoderado) para que se ratifique en nombre del cónyuge ausente.

 

¿Qué ocurre cuando el matrimonio se ha celebrado fuera de España? No será un obstáculo a la competencia de los juzgados españoles. Habrá de haberse inscrito el matrimonio en el Registro Civil Central de España y aportar este certificado de matrimonio junto con la demanda de divorcio.

 

Hay que considerar que hemos expuesto prioritariamente un divorcio simple, abarcando como objetivo fundamental disolver el vínculo matrimonial, donde no existan hijos menores o dependientes comunes del matrimonio, ni bienes que pertenezcan a ambos cónyuges, ya sea a través de una sociedad de gananciales o de un proindiviso. Evidentemente se complicará esta disolución cuantos más caracteres formen parte de la misma (pensión de alimentos, compensatoria, custodia, régimen de visitas, uso de la vivienda, administración de bienes inmuebles comunes…).

 

Para el caso en que exista filiación común del matrimonio sometida a una minoría de edad, habrá de acordarse la custodia para un progenitor y un régimen de comunicaciones y estancias para el otro, mientras la patria potestad seguirá siendo compartida como es habitual. No hablamos de régimen de visitas ya que resulta comprensible que al encontrarse los progenitores en países distintos, no es sencillo que se cumpla un régimen periódico de visitas, ni tampoco el habitual de estancias, con el progenitor no custodio, de fines de semanas alternos.  Pero sí que debe acordarse de que exista un régimen asiduo de comunicaciones entre los hijos y su progenitor no custodio, así como que pasen estancias juntos, tan prolongadas y frecuentes como sea posible para la familia.

 

Cuando aparece una sociedad legal de gananciales entre los cónyuges, que tenga bienes que le pertenezca a la misma, habrá de realizarse el correspondiente inventario, valoración y liquidación. Esto se puede realizar en cualquier momento, es decir, antes del divorcio a través de una capitulaciones matrimoniales donde se modifica el régimen económico del matrimonio, durante el divorcio en el propio convenio regulador, o con posterioridad al divorcio se podrá acordar en el convenio un momento determinado para llevar a cabo esta misión. También es posible que los bienes no formen parte de una sociedad de gananciales, es decir que los cónyuges los hayan adquirido de forma privativa, estando casados en régimen de separación de bienes en su caso, pero existan bienes a nombre de ambos en régimen de copropiedad/proindiviso. En cualquiera de los casos, y sobretodo si los bienes están en distintos países donde la regulación y tributación varía de uno a otro, existirá la necesidad de administrar aquel patrimonio común durante este período de tiempo en que los cónyuges se han convertido en dos socios capitalistas. Lo razonable es acordar cómo se va a realizar esta administración a través de un pacto escrito o tácito con carácter previo al divorcio. Que cada uno administre de forma inmediata aquellos bienes que están en la jurisdicción del país donde se encuentran, con independencia de que la propiedad sea compartida, ya que siempre será más fácil realizar estas gestiones directamente y muchas veces habrá que acudir a entidades públicas personalmente.  En cuanto al reparto de las propiedades, es mejor realizarlo con posterioridad al divorcio, porque se trata de trámites que se van a prolongar mucho más en el tiempo que el propio procedimiento judicial de divorcio, y conviene no tener prisa en hacerlos. Como por ejemplo poner a la venta un inmueble.

 

Finalmente, como es lógico y sensato en cualquier asunto de nuestra vida cotidiana en general y en una disolución matrimonial en particular, a pesar de muchas circunstancias que puedan aparentemente crear un panorama complejo, siempre será mucho más sencillo el divorcio si todas estas decisiones se producen dentro de la conciliación. Es por ello que cada vez menos separaciones y divorcios se dirimen por la vía contenciosa, que la mayoría de letrados se esfuerzan en insistir en que exista un período prolongado de negociación, y que al terminar este margen de tiempo en avenencia o discordia, siempre habrá sido un éxito para aquel cónyuge o progenitor que dedicó su tiempo en alcanzar la concordia.

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