Conceptos de divorcios

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¿Divorcio ante Notario o en sede judicial?

La fe pública es un poder que emana del Estado y que nuestro ordenamiento jurídico otorga a determinados funcionarios públicos para que sus actos adquieran un revestimiento solemne con fuerza ejecutiva.

¿Divorcio ante Notario o en sede judicial?

Tradicionalmente, para proclamar disuelto un matrimonio por divorcio, o formalizar una separación matrimonial, ha sido práctica habitual que sean los tribunales de primera instancia del Estado quienes se declaren competentes. Estos juzgados ejercen su autoridad para este cometido a través de la fe pública judicial, que se plasma en forma de testimonio de sentencia judicial.

 

Sin embargo, en virtud de la entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, se faculta la posibilidad de autorizar el divorcio, o la separación matrimonial, a un Notario en determinados casos concretos y con especiales circunstancias. Aparece así un nuevo fedatario público con capacidad para desempeñar una función que hasta ahora había estado reservada exclusivamente a los jueces. En este caso hablamos de fe pública notarial y su configuración consiste en una escritura pública.

 

Como hemos dicho, hay una serie de condiciones particulares que deben cumplirse para poder acudir a una notaría y tramitar el divorcio. En primer lugar debe haber acuerdo entre los cónyuges, puesto que si existe pugna no habrá más remedio que resolver el conflicto ante un juzgado: divorcio contencioso. Por otra parte, no deben haber hijos menores del matrimonio o incapaces, ya que en estos casos será necesaria la intervención del Ministerio Fiscal, que no puede comparecer en una notaría. Y, por último, no se podrá delegar a través de apoderamiento el consentimiento a terceras personas para que comparezcan a la firma. Es necesario que acudan personalmente los cónyuges, a diferencia del divorcio en sede judicial que permite el divorcio por poderes al cónyuge que por alguna circunstancia especial no pueda ratificar el convenio en el juzgado (por ejemplo, encontrarse en el extranjero).

 

En cuanto a los profesionales jurídicos comparecientes en el divorcio notarial, dejando al margen al fedatario público, se mantiene la necesidad de que intervenga la figura de un Abogado en ejercicio, con la finalidad de avalar el correcto encauzamiento del procedimiento y amparar los derechos de los cónyuges y cualquier otro interviniente necesario en la propia escritura. Se advierte la ausencia del Procurador de los tribunales, que en sede judicial era indispensable, representando a los cónyuges junto con el letrado y encomendándole la presentación de la demanda, así como el seguimiento  y comunicación todos los actos emanados del juzgado.

 

Hay que considerar la importancia de que, una vez elevado a público el nuevo estado civil de los cónyuges, quede correctamente inscrito en el Registro Civil correspondiente. Hasta que no se inscriba el divorcio en el Registro Civil, no tendrá validez “erga omnes”, es decir, que aparecerán los efectos frente a terceros una vez inscrito el acto, momento en el cual habrá finalizado verdaderamente el proceso de divorcio. En el divorcio notarial, después de haber firmado la escritura se deberá enviar una copia al Registro Civil a través de medios electrónicos, o una copia autorizada en papel. Cuando se realiza el divorcio en el juzgado, una vez emitida sentencia firme, también se envía directamente al Registro Civil. Como norma básica en Derecho, lo inscrito en un registro público se presume válido, y en caso de que la realidad no se corresponda con lo inscrito, habrá de demostrarse fehacientemente.

 

Debemos tener en cuenta que desde que se reguló en España la institución del divorcio, han sido los juzgados los encargados de su tramitación. Parece evidente que la experiencia labrada en esta materia y el éxito en su gestión, protegiendo todos los derechos e intereses de la familia, con las respectivas garantías para cada modalidad de divorcio, se ha llevado a cabo gracias a una pluralidad de funcionarios y profesionales jurídicos para cada fase del procedimiento. No va a resultar sencillo que se logren dirimir tantas variedades de divorcio ante cualquier oficina pública, a pesar de las muchas adaptaciones que está experimentando la ley que regula cómo y qué formas de fe pública pueden conocer el divorcio.

 

En resumen, a día de hoy existen dos cauces para la separación matrimonial o el divorcio en España. Los cónyuges pueden elegir entre estas dos alternativas, siempre que su asunto se encuadre dentro del marco legal que se exige para la tramitación notarial.

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